Las discrepancias con el Estado no siempre deben terminar en arbitrajes largos y costosos. En el Centro de Conciliación INCEGA, brindamos un servicio especializado para resolver controversias surgidas entre particulares y entidades públicas (municipios, ministerios, organismos autónomos, etc.) de manera directa y efectiva.
¿Cuándo es posible conciliar con el Estado?
La ley peruana reconoce la conciliación como un mecanismo válido para resolver conflictos con entidades estatales, siempre que las materias sean de libre disposición. Este proceso es una alternativa estratégica frente a los costosos y prolongados procesos arbitrales o judiciales
Materias Frecuentes de Conciliación con el Estado
Intervenimos en controversias derivadas principalmente de la ejecución contractual, tales como:
Pago de valorizaciones o servicios
Reconocimiento de prestaciones efectivamente ejecutadas.[
Ampliaciones de plazo
Discrepancias sobre el reconocimiento de tiempos en ejecución de obras.
Penalidades contractuales
Revisión y acuerdo sobre la aplicación de multas.
Liquidaciones de obra o servicios
Resolución de controversias al finalizar contratos.
Incumplimiento de obligaciones
Reclamos por obligaciones pendientes por parte de la entidad.[
Resolución contractual
Acuerdos para finalizar relaciones contractuales de mutuo acuerdo.
¿Tienes una disputa con una entidad pública?
No permitas que un conflicto contractual afecte la operatividad de tu empresa o tus derechos. Consulta con nuestros expertos en Chiclayo sobre la viabilidad de tu caso.
¿Por qué elegir INCEGA para tu controversia pública?
Evitas el Arbitraje: El arbitraje implica altos honorarios, gastos de defensa y años de espera. La conciliación te permite obtener una solución en semanas.
Seguridad Jurídica: Nuestras actas de conciliación tienen valor de título de ejecución, lo que garantiza que lo acordado con el procurador o representante de la entidad sea vinculante y ejecutable.
Gestión Estratégica: Nuestro equipo guía a las partes para que la entidad pública evalúe la conciliación bajo criterios de costo-beneficio, optimizando el uso de recursos públicos y privados.
Celeridad y Economía: Reducimos drásticamente los costos operativos y el tiempo de paralización que suelen generar los conflictos con el Estado.